Las Trabas para Hacer Justicia en España

Artículo escrito por el Letrado de Bidón Abogados, D.  Francisco de Borja Ortas Luceño.

En palabras vertidas recientemente en un medio de comunicación por el insigne abogado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, “la Justicia es lenta, torpe y no cumple con el principio constitucional de la inmediatez”.

No cabe duda que toda justicia que tarda es injusticia. El retraso de los procesos, la falta de medios técnicos y de personal, y las dudas sobre una posible merma de la independencia del poder judicial encierran una realidad que genera cada vez más desconfianza y recelo en el sistema judicial español como pilar fundamental del Estado de Derecho.

Sin embargo los jueces españoles están considerados dentro de su rama de actividad como algunos de los mejores profesionales de la Unión Europea, y no es para menos teniendo en cuenta duro proceso de aposición para el acceso a la carrera fiscal y judicial en España, cuya duración supera en muchas ocasiones los cinco años y para el que han de estudiar más de 300 temas.

En contraste a esta consideración es el propio sistema administrativo de Justicia el que suspende en confianza, con grandes consecuencias para el desarrollo y crecimiento de un país, pues si no se es capaz de ofrecer seguridad jurídica al tráfico mercantil, las inversiones extranjeras tienden a optar por lugares más atractivo.

España necesita una Justicia fuerte como elemento dinamizador de la economía, y no una oficina judicial donde conviven estamentos subalternos de órganos administrativos diferentes o distintos sistemas informáticos de gestión que habitualmente causan errores de coordinación, por no hablar de una enorme tasa de litigiosidad que no va ligada a un escenario de mayor presencia de personal para atender la misma.

Esa reorganización de la oficina judicial es vital para una mejor y mayor adaptación de los recurso a las necesidades judiciales del ciudadano que es al fin y al cabo el que sufre el lastre de ver como expectativa de derecho va desapareciendo en el túnel del tiempo.

En España, un caso en la primera instancia judicial se prolonga durante 272 días frente a la media de la OCDE de 238. Mal dato. Sin embargo, en Francia son 274 o en Inglaterra 350. Y en segunda instancia, España acumula 189 días más de media . Aun así, más allá del día a día de los pleitos que afectan a cientos de miles de españoles, la negativa percepción pública de la justicia se debe a la lenta evolución de casos de relevancia pública y a la incomprensión social de sentencias cuyo contenido genera una gran controversia.

No cabe duda que el sistema en general falla.  La organización y gestión de cada juzgado; una legislación verdaderamente alambicada, cuando no obsoleta, por ejemplo en la complejísima jurisdicción administrativa, las dificultades en recursos humanos y materiales cuando entran en juego otros actores como peritos, policía judicial o testigos que no se localizan y no comparecen paralizando así innumerables diligencias; las dilaciones ajenas a la voluntad de la administración de justicia… y un sin fin de factores que motivan la nula celeridad y agilidad con la que deben ventilarse las pretensiones legítimas de los justiciables.

Ha de promoverse el uso de medios alternativos de solución de conflictos, esencialmente la mediación, para lo que se hace preciso contar con un instrumento legal a nivel estatal que unifique los criterios de la legislación autonómica. Así mismo, es preciso impulsar la institución del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo como en el privado.

Con juzgados rápidos y eficaces, se reforzaría la seguridad jurídica y se contribuiría al desarrollo económico y al bienestar. Se trata de apostar, de forma decidida y valiente, por la tutela de los derechos de los ciudadanos partiendo de una premisa: no hay inversión más social y rentable que la que se efectúa en justicia. Debiéndose evitar la dispersión de sedes judiciales que padece la administración de Justicia, facilitando la optimización de medios personales y materiales, una medida que tiende a cumplir el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una Justicia de calidad.